Preguntas Frecuentes de la Direccion Nacional de Consulta Previa

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Respuesta:

La Subdirección Técnica de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa establece pertinente realizar las visitas de verificación según lo establecido en la Directiva 10 de 2013, enunciado en los pasos 2 y 3. Los casos son:

  1. Cuando las consultas en las bases de datos existentes no arrojan resultados concluyentes (cercanía de la comunidad con respecto al POA)
  2. Las coordenadas no permiten establecer si sobre el área del proyecto se desarrollan actividades comunitarias de interés para la comunidad étnica.
  3. En la solicitud de certificación el solicitante proporcionó información que sugiere que puede haber presencia de comunidades adicional a la que se desprende de las coordenadas aportadas.
  4. Cuando se haga necesario caracterizar una comunidad en respuesta a una acción judicial (Tutela, Auto, Recurso, Derecho de petición)”.
Respuesta:

El acto administrativo de determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa para la adopción de medidas administrativas y legislativas y la ejecución de los proyectos, obras, o actividades se realiza de acuerdo con el criterio de afectación directa. Procede entonces la consulta previa cuando existe evidencia razonable de que una medida legislativa o administrativa y/o POA es susceptible de afectar a una comunidad étnica directamente.

Respuesta:

La procedencia de la consulta previa no se supedita al criterio de presencia de comunidades étnicas en el área de influencia de un proyecto obra o actividad (POA) contrario a ello, la H. Corte Constitucional ha establecido que la consulta previa procede cuando la iniciativa pueda causar una afectación directa a los colectivos étnicos. (Sentencia SU-123 de 2018).

Respuesta:

La sentencia SU-123 de 2018 unifica el concepto de afectación directa presente en la jurisprudencia constitucional, y en armonía con el derecho internacional, ha definido la afectación directa como: “el impacto positivo o negativo que puede tener una medida sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales o culturales que constituyen la base de la cohesión social de una determinada comunidad étnica. Procede entonces la consulta previa cuando existe evidencia razonable de que una medida es susceptible de afectar directamente a un pueblo indígena o a una comunidad afrodescendiente”.

En el caso específico de proyectos de exploración y explotación de recursos no renovables, la Corte ha entendido que la afectación directa incluye: “el impacto en (i) el territorio de la comunidad tradicional; o (ii) en el ambiente, la salud o la estructura social, económica, así como cultural del grupo”.

Respuesta:

En reiterada jurisprudencia constitucional se ha determinado que, en los eventos de medidas legislativas y administrativas o POAs, no todo proyecto implica per se el desarrollo del proceso de consulta previa con las comunidades étnicas.

Por lo tanto, la consulta previa solo debe agotarse en aquellos eventos en que el proyecto, obra o actividad afecte directamente las prácticas colectivas de las comunidades indígenas o tribales en su calidad de tales.

Respuesta:

Mediante Sentencia T- 226 de 2016, la Corte Constitucional respaldó el mecanismo de Test de Proporcionalidad en el marco de desarrollo de las consultas previas; para determinar los impactos y fijar las medidas de manejo, ante la inasistencia sin justa causa de las comunidades étnicas, en los procesos de Consulta Previa. 

 

Se dará aplicación al test de proporcionalidad y determinación de medidas de manejo en los siguientes eventos:

  • Por falta de acuerdo en la preconsulta o consulta.
  • Por inasistencia de las autoridades representativas, una vez agotado los procedimientos de convocatoria establecidos - 3 veces en preconsulta y 2 veces en consulta;
  • Por la falta de solución del conflicto de representatividad en la comunidad étnica.

 

Para ello, la DANCP convocará a una reunión con el Ministerio Público, invitará al Instituto Colombiano de Antropología e Historia -ICANH- y las entidades competentes en el ámbito del proyecto donde se advertirán sus posibles impactos para facilitar a la autoridad competente la construcción del test de proporcionalidad que soportará su decisión final.”

Respuesta:

La Consulta Previa es un derecho fundamental irrenunciable, de esta manera se debe realizar el proceso consultivo cuando un proyecto o medida es susceptible de afectar directamente a una comunidad étnica y esto consta en un acto administrativo de procedencia. Dada la flexibilidad del proceso y si la comunidad está de acuerdo se pueden realizar todas las etapas en una sola reunión.

 

En la eventualidad que una comunidad renuncie a la consulta previa y el ejecutor desee continuar con el desarrollo del POA el Estado deberá de tomar una decisión objetiva, razonable y proporcional sobre el mismo, teniendo en cuenta las consideraciones de la comunidad al momento de renunciar a la Consulta Previa.

Respuesta:

Las comunidades étnicas en el ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales.

Respuesta:

La consulta previa es un derecho  fundamental, que se concreta a través de un procedimiento, mediante el cual el Estado garantiza a las autoridades representativas de las comunidades étnicas, la participación y el acceso a la información sobre los proyectos obras o actividades, que se pretendan realizar en su territorio, siempre y cuando sea susceptibles de afectarlas de manera directa y específica en su calidad de tales; buscando  identificar los impactos generados a sus prácticas colectivas, así como las medidas de manejo que mitigarán, corregirán o compensarán dichas afectaciones directas, logrando así salvaguardar la integridad étnica, cultural, social y económica de los pueblos indígenas y tribales que habitan en el territorio nacional.

Respuesta:

Los costos de la consulta previa son asumidos por el ejecutor del proyecto, teniendo en cuenta que en la etapa de Preconsulta se construye la ruta metodológica de cada proyecto, que tiene como propósito fijar el plan de trabajo o la hoja de ruta para el desarrollo del proceso consultivo, de acuerdo a las caracterizaciones de las comunidades, la complejidad del POA y otros factores externos asociados al desarrollo del proyecto.

La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, para los temas logísticos, en cuanto a los procesos consultivos de Obras, Proyectos o Actividades, se ampara en el literal f, Numeral 4 de la Directiva Presidencial 001 de 2010, la cual establece que las entidades, organismos, empresas o titulares de proyectos deberán contar con las apropiaciones presupuestales necesarias para financiar los proyectos o acciones que requieren la garantía del derecho a la consulta previa, por lo anterior esta Dirección no asume costos logísticos para la garantía del derecho en cuestión.

 

Respuesta:

De acuerdo a las Directivas Presidenciales N° 10 de 2013 y N° 8 de 2020 y el Decreto 2353 de 2019, en el proceso de Consulta Previa se surten las siguientes etapas:

 

  • Determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa: Acto administrativo que determinará la procedencia o no de la consulta previa, de acuerdo con el criterio de afectación directa y con fundamento en los estudios jurídicos, cartográficos, geográficos o espaciales.
  • Coordinación y preparación: Una vez certificada la presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto obra o actividad, el ejecutor de la medida o POA debe solicitar a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa el inicio de la consulta previa, con el cual se realizará la programación de una reunión de coordinación y preparación del proceso consultivo.
  • Preconsulta: Se convoca a las partes con el fin de realizar un diálogo previo con las autoridades representativas de las comunidades étnicas con quienes procede la consulta y se acuerda entre las partes una ruta metodológica de la Consulta Previa con los lugares y las fechas en que se efectuarán las reuniones pertinentes.
  • Consulta: Se convoca a los representantes de las comunidades étnicas, al Ejecutor, a las entidades públicas, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que asistan a la reunión de análisis e identificación de impactos, formulación de medidas de manejo, concertación de acuerdos y protocolización.
  • Seguimiento de acuerdos: Se realiza seguimiento a los acuerdos que fueron protocolizados en la consulta previa con el fin de verificar de que estos se hayan cumplido por las partes según los plazos acordados.
Respuesta:
  • Protocolización con acuerdos totales: Cuando se oficializan todos los acuerdos propuestos por las partes.
  • Protocolización con acuerdos parciales: Cuando se oficializan solo algunos de los acuerdos propuestos por las partes.
  • Cierre de la etapa de consulta sin acuerdos: No se logran concertar acuerdos entre las partes.
Respuesta:

Las comunidades indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y ROM o gitanos.

Respuesta:

La Corte igualmente ha señalado que la consulta constituye un proceso de diálogo intercultural entre iguales, en el entendido de que esto significa que ni las comunidades étnicas tienen un derecho de veto que les permita bloquear decisiones estatales, ni el Estado tiene un derecho a la imposición sobre estas de imponerles cualquier decisión, sino que opera un intercambio de razones entre culturas que tiene igual dignidad y valor constitucional.

Respuesta:

Los actores que participan en el proceso de Consulta Previa son:

 

  1. Ministerio del Interior.
  2. Comunidades étnicas.
  3. Ejecutor (interesado en expedición de medida o ejecución de proyecto, obra o actividad.)
  4. Ministerio Público.
  5. Autoridades públicas de entidades territoriales.
  6. Autoridades públicas de entidades nacionales.
  7. Autoridades Ambientales (Cuando se requieran).

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