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Preguntas Frecuentes de la Direccion Nacional de Consulta Previa

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Respuesta:

En reiterada jurisprudencia constitucional se ha determinado que, en los eventos de medidas legislativas y administrativas o POAs, no todo proyecto implica per se el desarrollo del proceso de consulta previa con las comunidades étnicas.

Por lo tanto, la consulta previa solo debe agotarse en aquellos eventos en que el proyecto, obra o actividad afecte directamente las prácticas colectivas de las comunidades indígenas o tribales en su calidad de tales.

Respuesta:

Mediante Sentencia T- 226 de 2016, la Corte Constitucional respaldó el mecanismo de Test de Proporcionalidad en el marco de desarrollo de las consultas previas; para determinar los impactos y fijar las medidas de manejo, ante la inasistencia sin justa causa de las comunidades étnicas, en los procesos de Consulta Previa. 

 

Se dará aplicación al test de proporcionalidad y determinación de medidas de manejo en los siguientes eventos:

  • Por falta de acuerdo en la preconsulta o consulta.
  • Por inasistencia de las autoridades representativas, una vez agotado los procedimientos de convocatoria establecidos - 3 veces en preconsulta y 2 veces en consulta;
  • Por la falta de solución del conflicto de representatividad en la comunidad étnica.

 

Para ello, la DANCP convocará a una reunión con el Ministerio Público, invitará al Instituto Colombiano de Antropología e Historia -ICANH- y las entidades competentes en el ámbito del proyecto donde se advertirán sus posibles impactos para facilitar a la autoridad competente la construcción del test de proporcionalidad que soportará su decisión final.”

Respuesta:

La Consulta Previa es un derecho fundamental irrenunciable, de esta manera se debe realizar el proceso consultivo cuando un proyecto o medida es susceptible de afectar directamente a una comunidad étnica y esto consta en un acto administrativo de procedencia. Dada la flexibilidad del proceso y si la comunidad está de acuerdo se pueden realizar todas las etapas en una sola reunión.

 

En la eventualidad que una comunidad renuncie a la consulta previa y el ejecutor desee continuar con el desarrollo del POA el Estado deberá de tomar una decisión objetiva, razonable y proporcional sobre el mismo, teniendo en cuenta las consideraciones de la comunidad al momento de renunciar a la Consulta Previa.

Respuesta:

Las comunidades étnicas en el ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales.

Respuesta:

Los costos de la consulta previa son asumidos por el ejecutor del proyecto, teniendo en cuenta que en la etapa de Preconsulta se construye la ruta metodológica de cada proyecto, que tiene como propósito fijar el plan de trabajo o la hoja de ruta para el desarrollo del proceso consultivo, de acuerdo a las caracterizaciones de las comunidades, la complejidad del POA y otros factores externos asociados al desarrollo del proyecto.

La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, para los temas logísticos, en cuanto a los procesos consultivos de Obras, Proyectos o Actividades, se ampara en el literal f, Numeral 4 de la Directiva Presidencial 001 de 2010, la cual establece que las entidades, organismos, empresas o titulares de proyectos deberán contar con las apropiaciones presupuestales necesarias para financiar los proyectos o acciones que requieren la garantía del derecho a la consulta previa, por lo anterior esta Dirección no asume costos logísticos para la garantía del derecho en cuestión.

 

Respuesta:

La consulta previa es un derecho  fundamental, que se concreta a través de un procedimiento, mediante el cual el Estado garantiza a las autoridades representativas de las comunidades étnicas, la participación y el acceso a la información sobre los proyectos obras o actividades, que se pretendan realizar en su territorio, siempre y cuando sea susceptibles de afectarlas de manera directa y específica en su calidad de tales; buscando  identificar los impactos generados a sus prácticas colectivas, así como las medidas de manejo que mitigarán, corregirán o compensarán dichas afectaciones directas, logrando así salvaguardar la integridad étnica, cultural, social y económica de los pueblos indígenas y tribales que habitan en el territorio nacional.

Respuesta:
  • Protocolización con acuerdos totales: Cuando se oficializan todos los acuerdos propuestos por las partes.
  • Protocolización con acuerdos parciales: Cuando se oficializan solo algunos de los acuerdos propuestos por las partes.
  • Cierre de la etapa de consulta sin acuerdos: No se logran concertar acuerdos entre las partes.
Respuesta:

De acuerdo a las Directivas Presidenciales N° 10 de 2013 y N° 8 de 2020 y el Decreto 2353 de 2019, en el proceso de Consulta Previa se surten las siguientes etapas:

 

  • Determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa: Acto administrativo que determinará la procedencia o no de la consulta previa, de acuerdo con el criterio de afectación directa y con fundamento en los estudios jurídicos, cartográficos, geográficos o espaciales.
  • Coordinación y preparación: Una vez certificada la presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto obra o actividad, el ejecutor de la medida o POA debe solicitar a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa el inicio de la consulta previa, con el cual se realizará la programación de una reunión de coordinación y preparación del proceso consultivo.
  • Preconsulta: Se convoca a las partes con el fin de realizar un diálogo previo con las autoridades representativas de las comunidades étnicas con quienes procede la consulta y se acuerda entre las partes una ruta metodológica de la Consulta Previa con los lugares y las fechas en que se efectuarán las reuniones pertinentes.
  • Consulta: Se convoca a los representantes de las comunidades étnicas, al Ejecutor, a las entidades públicas, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que asistan a la reunión de análisis e identificación de impactos, formulación de medidas de manejo, concertación de acuerdos y protocolización.
  • Seguimiento de acuerdos: Se realiza seguimiento a los acuerdos que fueron protocolizados en la consulta previa con el fin de verificar de que estos se hayan cumplido por las partes según los plazos acordados.
Respuesta:

La Corte igualmente ha señalado que la consulta constituye un proceso de diálogo intercultural entre iguales, en el entendido de que esto significa que ni las comunidades étnicas tienen un derecho de veto que les permita bloquear decisiones estatales, ni el Estado tiene un derecho a la imposición sobre estas de imponerles cualquier decisión, sino que opera un intercambio de razones entre culturas que tiene igual dignidad y valor constitucional.

Respuesta:

Las comunidades indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y ROM o gitanos.

Respuesta:

El fundamento legal para realizar ese registro es la Ley 89 de 1890 artículo 3 que establece que “…En todos los lugares en que se encuentre establecida una parcialidad de indígenas habrá un pequeño Cabildo nombrado por éstos conforme a sus costumbres.

 

La Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías (DAIRM) del Ministerio del Interior realiza un proceso para el reconocimiento y registro de comunidades indígenas a partir de distintos insumos, que deberán ser suministrados por la autoridad indígena que quiere ser reconocida.

 

Para el caso de comunidades afrodescendientes, raizales y palanqueras, el Decreto 3770 de 2008 reglamenta la Comisión Consultiva de Alto Nivel de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y se establecen los requisitos para el Registro de Consejos Comunitarios y Organizaciones de dichas comunidades.

 

En este sentido, el Ministerio del Interior en cabeza de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, realiza el registro de consejos comunitarios de comunidades negras la cual se basa, en la información suministrada por estas comunidades.

Respuesta:

Los actores que participan en el proceso de Consulta Previa son:

 

  1. Ministerio del Interior.
  2. Comunidades étnicas.
  3. Ejecutor (interesado en expedición de medida o ejecución de proyecto, obra o actividad.)
  4. Ministerio Público.
  5. Autoridades públicas de entidades territoriales.
  6. Autoridades públicas de entidades nacionales.
  7. Autoridades Ambientales (Cuando se requieran).
Respuesta:

Para identificar la susceptible afectación directa, se tendrá en cuenta la posible ocurrencia del impacto en la comunidad étnica, por la ocurrencia de, entre otros, un posible impacto en el territorio de la comunidad étnica teniendo como referente las áreas tituladas, ocupadas y utilizadas según su patrón de asentamiento y movilidad, en relación con los lugares en donde tradicionalmente la comunidad étnica ha desarrollado sus actividades sociales, económicas, espirituales y culturales de manera colectiva.

Así mismo, a un posible impacto a sus dinámicas colectivas y cotidianas con relación a sus usos y costumbres, y las prácticas sociales, económicas, culturales que determinan su cohesión comunitaria o a un posible impacto en su identidad como pueblos, que perturbe sus usos y costumbres ancestrales y/o sus estructuras y prácticas sociales o culturales.

Por tanto, en el análisis que se realiza, los sitios sagrados que la comunidad étnica haya identificado son tenidos en cuenta a la hora de realizar dicho análisis de determinación de procedencia de la consulta previa.

Respuesta:

Determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa para la adopción de medidas legislativas y administrativas o la ejecución de los proyectos, obras, o actividades, de acuerdo con el criterio de afectación directa, con fundamento en los estudios jurídicos, cartográficos, geográficos o espaciales que le sean requeridos a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. Lo anterior, según los criterios establecidos en el Convenio 169 de la OIT, la legislación nacional vigente y la jurisprudencia constitucional.

Respuesta:

Los parámetros para la identificación de comunidades étnicas en el acto administrativo de procedencia están dados por la Directiva 10 de 2013 y Directiva 08 de 2020. La Subdirección Técnica de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa se basa en los siguientes aspectos para expedir el acto administrativo.

 

Se evalúan los siguientes aspectos:

 

  • Territorios titulados a comunidades étnicas de manera colectiva (información Agencia Nacional de Tierras, Instituto Geográfico Agustín Codazzi).
  • Territorios destinados a comunidades étnicas de manera colectiva, pero que aún no figuran como formalmente titulados. Para obtener esta información es necesario consultar con la Agencia Nacional de Tierras.
  • De ser posible, territorios baldíos donde habitan comunidades étnicas (información de parcialidades indígenas reconocidas por la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior y consejos comunitarios en proceso de reconocimiento por parte de la Dirección de Comunidades Negras).
  • Resguardos coloniales que conservarán esta condición según el Plan Nacional de Desarrollo.

 

Esta información se corrobora a través de las bases de información de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. Si existen dudas, la DANCP puede recurrir a realizar una visita de verificación en la que se tendrán en cuenta los criterios trazados por la Corte Constitucional. Adicionalmente, se han definido otros parámetros para la verificación, dados también por la Directiva 10 de 2013 y Directiva 08 de 2020, en la cual la DANCP determina la presencia de una comunidad étnica:

  • Asentamiento de comunidades en el área del proyecto.
  • Usos y costumbres por parte de comunidades con relación al área del proyecto.
  • Tránsito de comunidades étnicas en las áreas de interés del POA.

 

También se utilizan para el análisis las siguientes bases de datos oficiales, que son actualizadas por la entidad correspondiente:

  • Base de datos alfanumérica de comunidades indígenas y comunidades negras: son las bases de datos oficiales y actualizadas suministradas por la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías (DAIRM); y la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (DACNARP) del registro de los diversos grupos étnicos.
  • Bases de datos geográficas: son las bases de datos geográficas oficiales y actualizadas suministradas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, y la Agencia Nacional de Tierras – ANT.

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